Avance de Investigación: Políticas públicas de comunicación en América Latina, derecho a la comunicación con perspectiva de género
Categoría: Actividades
Personas investigadoras: Luisa Ochoa Chaves, Angelica Castro Camacho, Esteban Cubero Hernández.
En Costa Rica está en discusión una nueva ley de medios de comunicación, el debate responde a la necesidad de actualizar la ley vigente de 1954, a los procesos de digitalización de la radio y la televisión, y a la elaboración de políticas públicas que reconocen el derecho humano a la comunicación en América Latina y otras regiones del mundo.
En América Latina el proceso de actualización de legislaciones de comunicación ha tratado de integrar, por una parte, las demandas de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales sobre la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos. Por otra, la necesidad de regular de mejor manera el espectro radioeléctrico, como un recurso estratégico finito, que pueda ser aprovechado de forma más eficiente por la ciudadanía.
En el marco de este debate la investigación “Políticas públicas de comunicación en América Latina: Derecho a la comunicación con perspectiva de género”, aborda los modos en que es posible transversalizar la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas que reconozcan el derecho a la comunicación en América Latina.
El estudio integra dos perspectivas: el derecho a la comunicación entendido como un atributo innato del ser humano que le faculta para su participación integral en al sociedad y que es necesario para el ejercicio de otros derechos sociales, políticos, económicos, culturales. Y la perspectiva de género que reconoce que los medios de comunicación reproducen valores y representaciones de relaciones de poder injustas y desiguales entre sexos, que a su vez inciden en cómo se organiza la sociedad, cómo se ponen en práctica las discriminaciones, y quiénes definen las reglas de su funcionamiento junto con las normas de conducta adecuadas para cada sexo.
A nivel metodológico se abordan las legislaciones que regulan los servicios de radiodifusión sonora y televisiva, y la ley marco de género de 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela.
Algunos de los resultados parciales de la investigación muestran lo siguiente:
Hay ausencia al nombrar a las mujeres como grupos vulnerables o en situación de exclusión que requieren acciones afirmativas para promover el ejercicio de su derecho a la comunicación. Además, es necesario ir más allá de la perspectiva de género entre hombres y mujeres e incorporar los derechos de la población LGTB.
En cuanto a la regulación de contenidos, existe una contradicción entre el principio de libertad de expresión y la protección de los derechos humanos a las mujeres, puesto que queda la pregunta ¿hasta dónde llega la libertad de los medios para producir contenidos?, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad patriarcal a la que le cuesta reconocer los contenidos sexistas, la discriminación por motivos de género y la violencia mediática.
A partir del estudio se puede decir que el lll Plan Nacional de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (2008-2017) de Paraguay y la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) de Argentina, son casos de éxito al momento de integrar la perspectiva de género y el derecho a la comunicación, sin embargo en el caso de Argentina, el gobierno de Macri ha iniciado una reforma regresiva con respecto a esta ley.
Finalmente, es necesario superar la etapa de regulación para ir a la etapa de implementación mediante acciones afirmativas como la promoción de contenidos que prevengan la desigualdad de género, la generación de fondos para la producción y promoción de iniciativas de comunicación desde las mujeres, la regulación de contenidos y publicidad para proteger los derechos de las mujeres, la realización de capacitaciones en comunicación y género, y la creación de institucionalidad como la figura de defensoría de la audiencia.
La investigación actualmente está en proceso y proyecta la construcción de lineamientos para construir políticas públicas que reconozcan el derecho a la comunicación en clave de género.
